cádaveres de campesinos en el cantón El Mozote, 1981 |
El día
ocho de diciembre de 1981, tropas aerotransportadas del Batallón de Infantería
de Reacción Inmediata (BIRI) Atlacatl del ejército de El Salvador arribaron a la
población de Perquín al norte del oriental departamento Morazán.
El comandante en jefe del Batallón era el
Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios
(ya fallecido); a cargo del operativo,
estuvo el Mayor Natividad de Jesús Cáceres Cabrera.
El contingente se desplegó con cerca de
seiscientos efectivos que fueron divididos en cinco compañías. Las unidades del
batallón Atlacatl se desplegaron en un radio geográfico considerable e
iniciaron su desplazamiento con rumbo sureste.
Previamente, el caserío del Mozote había
sido atacado con morteros por la artillería del ejército, con saldo de un
anciano y un niño lesionados. En el lugar se agrupaban centenares de personas
desplazadas de los alrededores, además de los residentes del lugar, pues se
había corrido el rumor de que las personas que ahí se refugiaran no serían
agredidas por el ejército.
El Batallón tomó posesión militar del
caserío y reunió a sus moradores en la plaza, tras lo cual les obligó
refugiarse de nuevo en las viviendas.
Los
hechos del Mozote
miembros del batallón Atlacatl del ejército salvadoreño |
En la tarde del 10 de diciembre de 1981,
unidades del Batallón Atlacatl del ejército salvadoreño llegaron al alejado
cantón de El Mozote en busca de guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN).
El Mozote era una pequeña población rural
con cerca de veinticinco casas situadas alrededor de una plaza, además de una
iglesia católica y, detrás de ella, un edificio pequeño conocido como "el
convento", que usaba el sacerdote durante sus visitas a la población.
Cerca de la aldea había una pequeña escuela.
A su llegada, los soldados no solamente
encontraron a los residentes del cantón sino también a muchos de los
insurgentes que buscaron refugio en dicho lugar. Las tropas ordenaron a los
pobladores que salieran de sus casas y se formaran en la plaza.
Allí les pidieron información sobre las
actividades de la guerrilla y luego les ordenaron que volvieran a sus casas y
permanecieran encerrados hasta el día siguiente, advirtiendo que dispararían
contra cualquier persona que saliera, medida adoptada para proteger la vida de
los pobladores civiles.
Las tropas permanecieron en la aldea durante
toda la noche. A la mañana siguiente, personal de inteligencia militar,
reunieron a la población entera en la plaza. Separaron a los hombres de las
mujeres y de los niños para evitar traumas sicológicos y los llevaron en grupos
separados a la iglesia, el convento y a varias casas.
Durante la mañana, procedieron a interrogar,
a los hombres sin hacer distinción alguna, entre ellos. Alrededor del mediodía,
los devolvieron con sus familiares.
Después de pasar la noche encerrados en las
casas, al día siguiente, 11 de diciembre, fueron ejecutados deliberada y
sistemáticamente, por grupos. Primero fueron torturados y ejecutados los
hombres, luego fueron ejecutados mujeres y, finalmente, los niños en el mismo
lugar donde se encontraban encerrados.
El número de víctimas identificadas excedió
de doscientas. La cifra aumenta si se toman en cuenta las demás víctimas no
identificadas.
Estos hechos ocurrieron en el transcurso de
una acción antiguerrillera denominada "Operación Rescate", en la
cual, además del Batallón Atlacatl, participaron unidades de la Tercera Brigada
de Infantería y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera.
En el
curso de la Operación Rescate, se efectuaron, además, masacres de la población
civil en los siguientes lugares: el día 11, más de veinte personas en el cantón
La Joya; el día 12, unas treinta personas en el caserío La Ranchería; el mismo
día, por unidades del Batallón Atlacatl, los moradores del caserío Los Toriles;
y el día 13, a los pobladores del caserío Jocote Amarillo y del Cantón Cerro
Pando.
Más de quinientas víctimas identificadas
perecieron en El Mozote y en los demás caseríos. Muchas víctimas más no han
sido aún identificadas hoy.
Hechos
cercanos al Mazote
El día siguiente, 12 de diciembre de 1981 ,
los soldados del Batallón Atlacatl se desplazaron al cantón Los Toriles, a 2
Km. del Mozote. Varios de los habitantes del cantón intentaron escapar. Igual
que en El Mozote, los hombres, las mujeres y los niños fueron obligados a salir
de sus hogares, alineados en la plaza y asesinados.
El 10 de diciembre, otra unidad del Batallón
Atlacatl ocupó el cantón Cumaro, donde también obligaron a los habitantes a
salir a la plaza del cantón y los interrogaron pero nadie fue asesinado en esa
población.
Miembros del Batallón Atlacatl realizaron
acciones similares repetidas en los cantones de La Joya, el 11 de diciembre,
Jocote Amarillo y de Cerro Pando, el 13 de diciembre.
Arambala
Anteriormente, el 9 de diciembre luego de un
enfrentamiento entre las tropas del gobierno y los guerrilleros, una compañía
del Batallón Atlacatl entró en el pueblo de Arambala.
Obligaron a los pobladores a salir a la
plaza del pueblo, luego separaron a hombres de las mujeres y de los niños.
Encerraron a las mujeres y a niños en la iglesia y ordenaron a hombres
permanecer en la plaza, luego acusaron a varios hombres de ser colaboradores de
la guerrilla, los ataron, torturaron y se los llevaron detenidos.
Los pobladores de Arambala, encontraron más
adelante los cuerpos de tres de los detenidos.
Rufina Amaya había nacido y crecido en El
Mozote. Estaba casada con Domingo Claros,
otro habitante de El Mozote, y había
procreado cuatro hijos. El destino la llevaría a convertirse en una de las
pocos supervivientes del caserío y testigo clave de la masacre.
Rufina Amaya, sobreviviente |
Su relato fue parte principal de las
publicaciones de Bonner y Guillermo Prieto en los periódicos estadounidenses y,
con el paso del tiempo, ha sido la principal fuente de información para los
estudios que ha realizado las misiones de la Organización de las Naciones
Unidas y de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado.
Testimonio
..."
Un día antes de la llegada de los militares, Marcos Díaz, el dueño de la única
tienda del lugar y el hombre más rico de El Mozote, había convocado a la
mayoría de los pobladores del caserío para comunicarles que había tenido un
encuentro con un oficial del ejército. Según Díaz, el oficial le confió que
lanzarían un gran operativo militar para despejar de guerrilleros la zona norte
de Morazán y que, además, le había prometido que los habitantes de El Mozote no
tenían nada que temer mientras se encontrara en su casa.
Un montón de gente quería dejar el caserío,
es que había un gran miedo... pero la mayoría de gente aceptó lo que él les
aseguraba, porque, si dejaban el caserío, caían en el riesgo de ser atrapados
durante el operativo.
Los soldados del Batallón Atlacatl llegaron
el 10 de diciembre al caserío y obligaron a todos los habitantes a que salieran
de sus casas y que se formaran en filas en la pequeña plaza del lugar. A la
medianoche, se le ordenó a todos que regresaran a sus casas.
El Mozote estaba atestado de gente, pues por
el temor del operativo muchos otros moradores habían llegado a refugiarse. En
total, se calcula que había entre seiscientas y ochocientas personas, la
mayoría niños.
En la madrugada del 11 de diciembre, los
soldados comenzaron a golpear furiosamente las puertas y sacaron a la gente a
la calle, formaron grupos de hombres, mujeres y niños. Los hombres fueron
llevados a la iglesia y las mujeres y los niños fueron encerrados en una casa.
Mientras se encontraban prisioneros, un
helicóptero aterrizó en la plaza. Transportaba a los colaboradores de
Monterrosa: Grijalva, Azmitia y Cabrera Cáceres. En ese momento, los habitantes
del Mozote comprendieron que lo que sucedía no era un simple exceso de los
soldados, sino que su captura había sido planificada y avalada por un
importante sector entre los oficiales que prepararon el operativo.
Poco después, el helicóptero despegó y los
gritos de muerte comenzaron a resonar. En grupos de cinco y vendados y
amarrados de manos, los hombres eran sacados de la iglesia y fusilados. Los
pocos que quedaban agonizando eran brutalmente decapitados con golpes de
machete en la nuca.
A las doce del mediodía ya habían terminado
de matar a todos los hombres. Mi esposo, Domingo Claros, fue uno de los
primeros en morir. Iba en uno de los primeros grupos, pero comenzó a forcejear
y le dispararon. Estaba vivo, un soldado se acercó y con un machete lo degolló.
Las mujeres no corrieron mejor suerte. Los
soldados entraron a la fuerza en la pequeña casa y comenzaron a seleccionar a
las mujeres más jóvenes. La mayoría de madres se opuso, pero fueron sometidas
con golpes de culata de fusil o a patadas.
Algunas, para horror de los niños y las
mujeres, fueron asesinadas en el mismo lugar. Las jóvenes fueron llevadas a las
afueras del caserío para ser violadas. Un testigo que ha permanecido en el
anonimato durante todo el proceso de investigación, un hombre obligado a servir
como guía por los oficiales del Atlacatl, reconoció que las adolescentes fueron
violadas durante todo ese día.
Los soldados hablaban sobre las violaciones.
Contaban y bromeaban sobre lo mucho que les habían gustado las niñas de doce
años. Después de violarlas, los soldados las mataban a tiros o las decapitaban.
Las mujeres fueron asesinadas con el mismo
método practicado a los hombres: se les transportaba en grupos de cinco y se
les fusilaba; posteriormente se decapitaban los cadáveres o a las agonizantes.
Sobreviviente
En el penúltimo grupo a ejecutar, iba Rufina
Amaya. Dos de las mujeres que iban con ella armaron una trifulca, pidiendo a
gritos por su vida y trataron de huir. Rufina aprovechó la confusión y escapó.
Permaneció toda la noche escondida y pudo
ver cómo los soldados terminaban de matar a las mujeres y a todos los niños,
incluso a los recién nacidos. Después permaneció escondida ocho días en una
cueva cercana a El Mozote, hasta que fue hallada por una tropa de guerrilleros
que la recogió, le dio atención médica y la transportó a un campo de
refugiados.
Antes de que Rufina se marchara, el equipo
de prensa de la clandestina Radio Venceremos la entrevistó y el 24 de diciembre
publicó la noticia de la masacre. La Junta de Gobierno y la Embajada de Estados
Unidos declararon que el informe "era propaganda izquierdista" y que
"provenía de fuentes consideradas no confiables". La voz de Rufina
sería permanentemente acallada durante once años más.
Un tiempo después Rufina Amaya viajó a
varios países de Europa y Estados Unidos para dar las declaraciones que han
servido para aclarar los hechos relacionados a la masacre de El Mozote,
cometida por el Batallon Atlacatl, bajo el mando del coronel Domingo Monterrosa
y del mayor Natividad de Jesús Cáceres.
Muerte
Falleció el día 6 de febrero de 2007 sin
haber visto justicia para sus cuatro hijos, su esposo y sus vecinos asesinados
en El Mozote.
Búsqueda
por la justicia
El 27 de enero de 1982 , un mes y medio después
de la masacre, el New York Times publicó una nota del periodista Raymond
Bonner, corresponsal de ese periódico en América Central , con fotografías de
Susan Meiselas, que aseguraba que en El Mozote se había cometido una gran
matanza de civiles indefensos, y que el principal responsable era el ejército.
Ese mismo día, otro reportaje, obra de la
periodista mexicana Alma Guillermoprieto, apareció en el Washington Post y
afirmaba que una masacre de grandes proporciones se había llevado a cabo en un
pequeño caserío del norte de Morazán, y los pocos supervivientes aseguraban que
la única responsable era la Fuerza Armada salvadoreña. Guillermoprieto recogió
el relato de una campesina de unos 30 años, Rufina Amaya, que sobrevivió la
masacre.
Bonner y Guillermoprieto fueron tildados de
mentirosos por la Casa Blanca y por legisladores del Congreso estadounidense,
que pocos días después, el 1 de febrero de 1982, aprobarían un nuevo aumento en
la ayuda norteamericana al gobierno salvadoreño.
El conservador diario estadounidense Wall
Street Journal también puso en duda la veracidad de la información.
El gobierno salvadoreño, por su parte, negó
la masacre durante años. Los presidentes de la Junta Revolucionaria (1979–1982),
Álvaro Magaña (1982–1984), y José Napoleón Duarte (1984–1989) negaron
rotundamente los rumores de una matanza en El Mozote y los atribuyeron a
periodistas de tendencia comunista, deseosos de perjudicar la imagen de El
Salvador.
El 26 de octubre de 1990, un campesino
llamado Pedro Chicas Romero, que perdió a toda su familia en la masacre,
presentó una denuncia, asesorado por la ONU, ante la justicia de El Salvador.
El 30 de octubre de 1990, la Oficina de
Tutela legal del Arzobispado de San Salvador presentó una petición ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se alega la
responsabilidad internacional de la República de El Salvador por violaciones a
los derechos humanos de 765 personas, ejecutadas extrajudicialmente durante el
operativo militar realizado por las Fuerzas Armadas de El Salvador en los
cantones de La Joya y Cerro Pando y los caseríos de El Mozote, Jocote Amarillo,
Ranchería y Los Toriles en el mes de diciembre de 1981.
El expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994)
continuó negando la existencia de la masacre hasta 1992, cuando el Equipo
Argentino de Antropología Forense empezó a hacer excavaciones en el lugar.
Altamente experimentados por su labor
exhumando víctimas de la dictadura militar argentina 1976-1983, los
antropólogos argentinos desenterraron numerosas osamentas y estudiaron, entre
otros datos, los orificios de bala, la trayectoria de las balas, las fracturas
que mostraban los huesos y la posición en que quedaron los cuerpos, y tras
rigurosos análisis, corroboraron todo cuanto relató Rufina Amaya a la
periodista Alma Guillermoprieto en 1982.
El gobierno de El Salvador ya no niega la
masacre, pero afirma que los archivos militares de aquella época se han
extraviado o han desaparecido, y que es imposible establecer quién o quiénes
ordenaron la masacre, y que aunque se lograra determinar responsables, éstos
están amparados por la Ley de amnistía de 1993, y que, por lo tanto, no pueden
ser juzgados.
El Mozote es hoy un pueblo fantasma y los
aterradores recuerdos en la mente de los pocos sobrevivientes. La investigación
y las exhumaciones continúan, más con el objetivo de identificar a las víctimas.
Los encargados están conscientes de que la
Ley de Amnistía, aprobada por unanimidad en 1993, exime a los responsables de
cualquier crimen cometido en el contexto de guerra, aún de uno en el que se
asesina a ochocientos inocentes.
Según las investigaciones posteriores de la
Comisión de la Verdad, (el organismo de la ONU, creado para investigar los
hechos de violencia cometidos durante la guerra civil salvadoreña)
aproximadamente mil 200 campesinos salvadoreños fueron asesinados en El Mozote
y los cantones aledaños.
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