Cuba implementa una política de tolerancia
cero a la trata de personas y trabaja en la prevención y enfrentamiento a este
delito, pues su atención constituye un problema de máxima prioridad para el
Estado y la sociedad civil.
De acuerdo con una comparecencia de la
ministra de Justicia, María Esther Reus, en La Habana, la ley reprime con mayor
severidad los actos cometidos contra niños y adolescentes en hechos de
corrupción, su empleo en la práctica de mendicidad y la venta o tráfico de
ellos.
En el asunto están comprometidos
ministerios, instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales, que
representan a los diversos sectores de la sociedad.
Reus se refirió a las 173 casas de
orientación a las féminas y la familia, de la Federación de Mujeres Cubanas,
que brindaron en 2012 atención individual y servicio de consejería a 40 mil 710
personas, de las cuales dos mil 480 acudieron por casos de violencia.
Un informe sobre el enfrentamiento
jurídico-penal a este fenómeno destaca el conjunto de medidas que aplica el
Ministerio del Turismo para impedir el turismo de sexo en sus instalaciones y,
además, demanda de las contrapartes extranjeras el cumplimiento de estas
regulaciones.
Asimismo, el Ministerio del Interior dispone
de centros de evaluación, análisis y orientación de menores, y escuelas de
formación integral para aquellos con desviaciones graves en su conducta o que
han cometido actos catalogados como delitos.
