 | |
| Presidente cubano Raúl Castro asiste a ceremonia religiosa judía en La Habana |
El Gobierno norteamericano,
cada año, asigna 20 millones de dólares a numerosos grupos –entre ellos varios
de corte religioso- para que realicen denuncias contra el Gobierno cubano.
Estas denuncias, después, son las que aparecerán en los sucesivos informes del
Departamento de Estado sobre libertad religiosa, derechos humanos, o gobiernos
que amparan el terrorismo, en todos los cuales Cuba figura como país acusado.
Conclusión: el Gobierno de EEUU paga a sus informantes para recibir denuncias a
la medida de sus intereses geopolíticos.
Hace unos días se celebraba
en La Habana
la VI Asamblea General del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), donde
300 líderes protestantes de 20 países condenaban el bloqueo de EEUU a Cuba (1).
Y lo hacían con conocimiento de causa: en noviembre pasado, el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos congeló los 101.000 dólares con que dicho Consejo de
Iglesias, cuya sede central está en Ecuador, pretendía organizar este evento en
La Habana (2).
La congelación de fondos obligó a suspenderlo en su fecha prevista, febrero, y
finalmente, con tres meses de retraso, ha podido celebrarse.
El incidente no fue
seleccionado como noticia por la redacción de los grandes medios
internacionales. Y ningún articulista de la gran prensa mundial lo presentó
como ejemplo de los obstáculos del gobierno norteamericano a la libertad
religiosa.
Por contra, el pasado 20 de
mayo, el Gobierno de EEUU presentaba su informe sobre la libertad religiosa en
el mundo, con denuncias explícitas a Cuba (3) y a otros países oponentes a sus
intereses, como Venezuela (4). Estas denuncias sí eran convertidas en noticia
internacional en numerosos medios.
El citado informe del
Departamento de Estado ataca al Ejecutivo de Cuba porque éste -por ejemplo-
trata de "limitar la influencia de grupos religiosos en ciertas áreas
geográficas, sociales y políticas" (5). En otras palabras, porque en Cuba
se sigue manteniendo una política estricta de laicidad de la Administración, y
una separación clara entre Estado y confesiones religiosas.
El informe es un compendio
de denuncias y especulaciones de la llamada “disidencia” cubana, a la que el
Gobierno de EEUU –recordemos- subvenciona. En el texto se citan denuncias de
supuestos obstáculos gubernamentales al culto religioso presentadas por fuentes
tan genéricas y poco creíbles como “varios pastores de la zona oriental de
Cuba” o “muchos grupos religiosos”. Y todo sin la menor prueba.
Y es que el método de
trabajo del Gobierno norteamericano no deja de resultar curioso, por su elevado
grado de cinismo: recordemos que, cada año, asigna 20 millones de dólares a
numerosos grupos –entre ellos varios de corte religioso- para que realicen
denuncias contra el Gobierno cubano (6). Estas denuncias, después, son las que
aparecerán en los sucesivos informes del Departamento de Estado sobre libertad
religiosa, derechos humanos, o gobiernos que amparan el terrorismo, en todos
los cuales Cuba figura como país acusado (7). Conclusión: el Gobierno de EEUU
paga a sus informantes para recibir denuncias a la medida de sus intereses
geopolíticos.
Lo cierto es que en Cuba
existe una absoluta libertad de culto, de la que disfrutan no solo las iglesias
evangélicas y protestantes que se reunían recientemente en La Habana. También la
propia Iglesia católica, enfrentada durante años con el Gobierno cubano por su
respaldo y amparo a la dictadura de Fulgencio Batista (8). Además, el Islam
(9), el judaísmo (10), el budismo (11), la Iglesia cristiana ortodoxa (12) o los cultos
sincréticos de origen africano (13) tienen espacios plenamente autónomos en la Isla.
Sin embargo, en no pocos
medios internacionales vemos convertidas en noticia, no solo las denuncias del
Gobierno norteamericano, sino también las de organizaciones católicas de
derecha, como Solidaridad Cristiana Mundial (14) o Ayuda a la Iglesia Necesitada.
En uno de los informes de esta última organización leemos que “en Cuba la
situación de la Iglesia
católica es grave” (15). La explicación de esta “grave situación” es sumamente
clarificadora. Leemos: “No hay una persecución material real de los católicos,
sino una forma más sutil, que intenta relegar(los) (...) a los márgenes de la
sociedad y la política”. Y añade, “la Iglesia, de hecho, no tiene acceso a la prensa.
No se permite la enseñanza de la religión católica en las escuelas estatales. Y
es imposible abrir colegios privados católicos”. Esta organización describe así
cuál es la raíz del conflicto de intereses -siempre latente, a pesar de las
actuales buenas relaciones- entre la
Iglesia católica y el Estado cubano, que no tiene
absolutamente nada que ver con la libertad de culto. El problema es que el
carácter socialista de la sociedad cubana impide que entidades privadas como la Iglesia católica accedan,
mediante sus enormes recursos económicos, a poderosos resortes ideológicos,
como los medios de comunicación o la educación, garantizados como públicos en la Constitución cubana.
En cualquier caso, ni la
propia Iglesia católica cubana actual respalda ya los inventos y especulaciones
del Gobierno de EEUU sobre una supuesta persecución religiosa en Cuba,
cocinados por una “disidencia” cubana a la que previamente subvenciona.
Tomado del sitio digital
Cubainformación
 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario