Por
José Gabriel Martínez Rodríguez
Durante muchos años la plataforma mediática
anticubana ha acusado al gobierno cubano de no cumplir con los estándares
mínimos para la eliminación de la trata de personas y de promover, a través de
la industria turística y en complicidad con los trabajadores del sector y las
fuerzas de la ley, un tráfico interno para la explotación sexual y el trabajo
forzado de menores.
De igual forma, exigen que el país reconozca
públicamente que presenta problemas con la trata para la explotación infantil,
lo que permitiría desarrollar estrategias y programas eficaces para su
enfrentamiento y prevención.
Al realizar estas acusaciones el gobierno
estadounidense omite, presumiblemente de forma intencionada como casi siempre
cuando de referirse a Cuba se trata, elementos de la realidad cubana que
contrarrestan por sí mismos y con su mera exposición todas estas acusaciones.
Cuba no puede declarar que presenta
problemas con la trata para la explotación infantil porque sencillamente no los
tiene, y tampoco esa declaración facilitaría desarrollo alguno de estrategias y
programas porque la Revolución ha creado desde su mismo inicio un Sistema
Integral de prevención y atención a la niñez y la adolescencia para proteger
todos sus derechos.
Muestra de ello lo constituye el Centro de
Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (CPNNA) de la Dirección de Menores del
Ministerio del Interior (Minint), a cuyas instalaciones accedieron hoy en la
mañana medios de la prensa nacional y extranjera, como parte de la conferencia
de prensa que la coronela y Dra. en Ciencias Jurídicas Idaís Borges Barrios,
jefa de la Dirección de Menores, brindó para explicar las características del
centro y del resto de los componentes que integran el sistema de atención a la
niñez y la adolescencia.
Borges explicó que existen otros dos centros
ubicados en las provincias Villa Clara y Santiago de Cuba y que los tres
“permiten reducir la victimización secundaria o revictimización de las niñas y
niños que resultan víctimas a través de la realización de una exploración
única, consistente en una entrevista al menor que es grabada para ser
presentada como prueba en la vista del juicio oral”.
Pero la institución no centra solo su
trabajo en el enfrentamiento al delito una vez que este se haya producido, sino
que además despliega una fuerte labor preventiva a través de servicios
especializados (psicología, psiquiatría, defectología) y de asesoría a las
víctimas y sus familias, y de la realización de investigaciones sociales sobre
la victimización infantil y otros fenómenos relacionados.
Con la existencia del CPNNA se evitan además
experiencias postraumáticas desagradables para el menor como la asistencia al
juicio oral y el tener que encarar nuevamente al victimario.
Pero estos centros no constituyen la única
acción del país para brindar ese tratamiento diferenciado que niñas, niños y
adolescentes demandan.
La propia Dirección de Menores del Minint,
además de proteger a los infantes que resulten víctimas de delitos, tiene entre
sus funciones la de prevenir y detectar hechos que la ley tipifica como delitos
cometidos por menores y brindar a estas niñas y niños que los cometen la
correspondiente evaluación y tratamiento educativo.
En este empeño el Minint trabaja de conjunto
con otras entidades integrantes del Sistema Integral de Protección y Atención a
la Niñez y la Adolescencia como los ministerios de Salud Pública, Justicia,
Educación, Trabajo y Seguridad Social, Cultura, e instituciones como el Inder,
la Fiscalía General de la República, y el Tribunal Supremo Popular.
Un hecho constatado durante el encuentro es
el bajo índice en nuestro país de casos de violencia y abuso sexual contra
menores y la inexistencia de venta y tráfico, lo cual constituye un resultado
directo de la política de tolerancia cero del gobierno y el pueblo ante estos
delitos, conscientes de que su ocurrencia, por mínima que sea, “constituye una
forma de maltrato infantil y de violencia de género, susceptible de generar
daños irreversibles desde el punto de vista físico, psíquico y social a la
población infanto-juvenil”, según argumentó la coronela Borges.
Datos facilitados por ella en la
conferencia, e incluidos en el Informe del enfrentamiento jurídico penal a la
Trata de personas y otras formas de abuso sexual presentado el pasado 15 de
octubre por la Ministra de Justicia María Esther Reus, cuentan que durante 2012
en Cuba se realizaron 2 117 denuncias asociadas a estos delitos, lo que
representa solo un 0,09 % de los dos millones 260 mil 751 habitantes de menos
de 16 años de edad.
Existe la mala costumbre de comparar
realidades diferentes para demostrar la insignificancia o el valor de cualquier
aspecto que analizamos, pero cuando hablamos de acusaciones contra nuestro país
debemos recurrir a la comparación como método de análisis porque siempre se nos
juzga y examina con un microscopio cuyo lente se configura para la
tergiversación y las manipulaciones banales.
Es así que en Estados Unidos, según datos
ofrecidos por el Departamento de Justicia, 100 mil niños al año caen en las
redes del tráfico y la explotación sexual, mientras que las autoridades cubanas
no identifican la existencia de ninguna red organizada en el país, contrario a
las acusaciones que anualmente formula el Departamento de Estado. Nada, que
cuando de juzgar a la Revolución se trata, no importan el peso de las
estadísticas ni la veracidad de la información oficial, solo hay que lanzar
piedras, aun cuando el techo del lanzador sea de vidrio.
Tomado
del sitio digital Cubadebate
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