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| Oscar López Rivera, preso político puertorriqueño encarcelado en EE.UU |
Hoy, 6 de enero de 2014, Oscar López Rivera
cumple 71 años de edad de los cuales 32 de ellos los ha pasado tras las rejas
por el mismo delito que llevó a la cárcel a Nelson Mandela en Sudáfrica.
En este
nuevo año, la lucha sigue hasta su regreso a la Patria.
Más de treinta años de prisión lleva en
cárceles estadounidenses Oscar López Rivera, uno de los hijos de Puerto Rico y
luchador anticolonial condenado por la causa de la libertad de su patria
colonizada.
López Rivera es el prisionero político más
antiguo del Hemisferio, quien continúa extinguiendo en una prisión federal dos
sentencias que en conjunto suman 70 años de cárcel.
Nacido en 1943 y veterano de la Guerra de
Vietnam donde fue condecorado por su valor en combate, a su regreso a Chicago
donde residía, Oscar se integró muy pronto a las luchas de su comunidad en
defensa y afirmación de los derechos de los puertorriqueños.
Allí radicalizó su pensamiento tornándolo en
acción diaria en pro de la libertad de Puerto Rico. Junto a otros compañeros y
compañeras, se integró a la lucha organizada en lo que alguien llamó alguna vez
la retaguardia de nuestro pueblo, para así, desde las propias entrañas del
monstruo imperialista, impulsar la independencia de su Patria.
Su captura se produjo en 1981. Un año antes,
en 1980, sus compañeros de lucha Haydée Beltrán, Luis Rosa, Ricardo Jiménez,
Elizam Escobar, Carmen Valentín, Carlos
Alberto Torres, Dylcia Pagán, Adolfo Matos, Alicia Rodríguez e Ida Luz
Rodríguez habían sido capturados.
Más adelante, en 1983, ocurriría lo mismo
con Alejandrina Torres, Edwin Cortés y Alberto Rodríguez. Antes, también había sido capturado en la
ciudad de Nueva York, otro luchador puertorriqueño William Guillermo Morales.
Todos ellos asumieron al momento de sus capturas la condición de prisioneros de
guerra.
Como tales, reclamaron la condición de
combatientes anticoloniales no reconociendo la jurisdicción de los tribunales
de Estados Unidos por lo que demandaron ser procesados por un tribunal
internacional o por un tribunal de un tercer país que no formara parte del conflicto
anticolonial entre Puerto Rico y Estados Unidos.
De acuerdo con el Protocolo I de la
Convención de Ginebra de 1949, la protección que dicho Convenio Internacional
reconoce a los prisioneros de guerra, se extiende también a personas capturadas
en conflictos o luchas contra la ocupación colonial, la ocupación de un país
por parte de regímenes racistas y a aquellos otros que participan de luchas por
la libre determinación de sus pueblos.
Así lo ratifica también la Resolución 2852 (XXVI) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1971 y la Resolución 3103 (XXVIII) del 13
de diciembre de 1973, cuando establece:
“Todo participante en los movimientos de
resistencia, luchando por la independencia y la autodeterminación si es arrestado,
tiene que recibir el tratamiento estipulado en la Convención de Ginebra.”
De acuerdo con el referido protocolo, un
prisionero de guerra no puede ser juzgado como un criminal común, mucho menos
si la causa de tal procedimiento descansa en actos relacionados con su
participación en una lucha anticolonial.
El carácter político de los procesos legales
seguidos por Estados Unidos contra estos prisioneros lo establece la naturaleza
de las acusaciones hechas por Estados Unidos contra ellos, donde se les imputó
conspiración sediciosa para derrocar el gobierno de Estados Unidos.
A lo anterior se suma el carácter
desproporcionado de las sentencias impuestas. En el caso de la mujeres
capturadas, el promedio de las sentencias impuestas fue de 72.8 años; mientras
que en el caso de los varones, el promedio fue de 70.8 años. En el caso
particular de Oscar, las sentencias
impuestas ascienden a 70 años de prisión.
A través de los años, múltiples resoluciones
del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas han demandado del gobierno
de Estados Unidos la excarcelación de los prisioneros políticos
puertorriqueños. Tribunales especiales convocados desde la sociedad civil
igualmente han demandado su excarcelación y denunciado específicamente las
condiciones bajo las cuales se les ha mantenido encarcelados.
Tales fueron los pronunciamientos del
“Tribunal Permanente de los Pueblos”, el cual sesionó durante los días 27 al 29
de enero de 1989 y del “Tribunal Especial Internacional sobre Derechos Humanos
de los Prisioneros Políticos y Prisioneros de Guerra en Prisiones y Cárceles de
Estados Unidos”, llevado a cabo los días
7 al 10 de diciembre de 1990 en la ciudad de Nueva York.
En el caso de Oscar López Rivera, durante la
Administración de William J. Clinton, en ocasión del indulto que fuera
conferido a la mayoría de los prisioneros políticos puertorriqueños que para
entonces habían cumplido cerca de 20 años de prisión, se ofreció la posibilidad
de la excarcelación de Oscar López Rivera unos años después de la salida del
primer grupo.
Esta oferta fue rechazada por Oscar mientras
permanecieran encarcelados otros de sus compañeros, como era el caso de Carlos
Alberto Torres y Haydée Beltrán. Estos últimos, sin embargo, ya se encuentran
fuera de prisión. Al presente, a pesar el comportamiento ejemplar que Oscar ha
mantenido en prisión en los pasados 30 años, la Junta de Libertad Condicional
le niega la posibilidad de una salida de prisión.
Al reclamo por la excarcelación de Oscar
López Rivera se ha sumado básicamente la totalidad del pueblo puertorriqueño.
Dirigentes políticos, religiosos, comunitarios, representantes del movimiento
obrero, de los gremios profesionales, el sector cooperativista, organizaciones
juveniles y estudiantiles; en fin, el más amplio conjunto de representantes de
la sociedad civil puertorriqueña, demandan la excarcelación de Oscar.
Igual ha ocurrido en amplios sectores de la
comunidad puertorriqueña en Estados Unidos, así como otros importantes reclamos
desde la comunidad internacional.
Estados Unidos no puede estar pregonando por
el mundo un reclamo de respeto a derechos humanos cuando mantiene en su propio
suelo prisioneros políticos, encarcelados como resultado de su lucha
anticolonial como es el caso Oscar López Rivera.
La persecución por parte del gobierno de
Estados Unidos contra aquellos que luchan por la independencia de Puerto Rico
ha sido una constante en nuestro país a lo largo de los pasados 113 años de colonialismo
impuestos como resultado de la Invasión de 1898.
Sobre el particular, el profesor José “Che”
Paraliticci, en su libro Cien Años tras las rejas: Historia de los presos
independentistas puertorriqueños bajo el régimen de Estados Unidos, indica; “Desde
que Estados Unidos invadió a Puerto Rico en 1898 y comenzó a regir política y
militarmente sobre el país, no ha habido una sola década en que algún
independentista no haya ido a la cárcel, tal vez con la excepción de la década
del veinte.
No obstante, en todos los demás periodos,
comenzando en 1899, se ha acusado al independentismo de violar infinidad de
leyes y, como consecuencia, sentenciados a prisión tanto en Puerto Rico como en
el propio Estados Unidos.
Al independentismo se le ha imputado haber violado
la ley del correo, del servicio militar obligatorio, de armas, de explosivos,
del gran jurado y de la mordaza.
También se les ha acusado de conspiración,
sedición, agresión, desacato, incitación a motín y penetrar sin autorización a
propiedad de los Estados Unidos en Puerto Rico, entre otras. Por estas
acusaciones son cientos de independentistas lo que han estado tras las rejas a
lo largo de este siglo.
El independentismo sentenciado durante estos
cien años no ha sido únicamente el puertorriqueño residente en Puerto Rico.
Asimismo, han estado en prisión puertorriqueños residentes en Estados Unidos
tanto como no puertorriqueños simpatizantes de la lucha de independencia
puertorriqueña.”
El presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, quien tiene a su alcance el ejercicio del indulto presidencial, se
propone visitar a Puerto Rico el próximo 14 de junio dentro del marco de una
reunión del llamado Comité Interagencial de Casa Blanca.
El presidente Obama se ha expresado en los
pasados dos años indicando que reconoce el derecho a la libre determinación del
pueblo puertorriqueño. Más aún, ha indicado la importancia de que los
puertorriqueños nos pongamos de acuerdo en asuntos que competen a nuestra libre
determinación.
La libre determinación de un pueblo no es
posible con la presencia de prisioneros políticos en cárceles del imperio
cumpliendo prisión como resultado de su lucha anticolonial. Los puertorriqueños
tenemos un consenso en la demanda de la excarcelación de Oscar López Rivera.
Entre las muchas deudas que tiene Estados
Unidos con el pueblo puertorriqueño se encuentra la excarcelación de nuestros
prisioneros políticos, particularmente la de Oscar, quien ya lleva tres décadas
en cárceles del imperio. Ya es hora de que Oscar regrese a su casa, a su familia,
a su pueblo que le admira y respeta. Es la hora de su libertad.
Tomado
del sitio digital Red Betances
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