Cuba implementa una política de tolerancia
cero a la trata de personas y trabaja en la prevención y enfrentamiento a este
delito, pues su atención constituye un problema de máxima prioridad para el
Estado y la sociedad civil.
De acuerdo con una comparecencia de la
ministra de Justicia, María Esther Reus, en La Habana, la ley reprime con mayor
severidad los actos cometidos contra niños y adolescentes en hechos de
corrupción, su empleo en la práctica de mendicidad y la venta o tráfico de
ellos.
En el asunto están comprometidos
ministerios, instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales, que
representan a los diversos sectores de la sociedad.
Reus se refirió a las 173 casas de
orientación a las féminas y la familia, de la Federación de Mujeres Cubanas,
que brindaron en 2012 atención individual y servicio de consejería a 40 mil 710
personas, de las cuales dos mil 480 acudieron por casos de violencia.
Un informe sobre el enfrentamiento
jurídico-penal a este fenómeno destaca el conjunto de medidas que aplica el
Ministerio del Turismo para impedir el turismo de sexo en sus instalaciones y,
además, demanda de las contrapartes extranjeras el cumplimiento de estas
regulaciones.
Asimismo, el Ministerio del Interior dispone
de centros de evaluación, análisis y orientación de menores, y escuelas de
formación integral para aquellos con desviaciones graves en su conducta o que
han cometido actos catalogados como delitos.
Cuenta también con centros de protección a
niños y adolescentes, cuyo objetivo es minimizar las consecuencias por el
trauma causado por agresiones sexuales, orientar a la familia y ofrecer
atención terapéutica y psicológica.
A pesar de las acciones desarrolladas en el
orden preventivo y de protección social a las mujeres e infantes, persisten
factores de orden socioeconómico y cultural que propician la participación de
ciudadanos en la prostitución, proxenetismo y corrupción de menores.
El informe señala que Cuba dispone de los
instrumentos jurídicos adecuados para enfrentar las actividades asociadas a la
trata de personas, que la ley tipifica como la promoción, organización o
incitación a la entrada o salida del país con el fin de ejercer la
prostitución, o cualquier otra forma de comercio carnal.
Según Reus, en la isla, un total de 224
personas fueron condenadas en 2012 por el delito
de proxenetismo. De los 241
juzgados por esta causa, 143 recibieron como sanción la privación de libertad y
otros 45, trabajo correccional con internamiento, aseveró.
 |
| Ministra de Justicia María Esther Reus |
Las provincias occidentales de La Habana y
Matanzas, así como Cienfuegos y Holguín, en el centro y oriente del país,
respectivamente, fueron las de mayor incidencia.
Agregó que en la actualidad, siete
extranjeros cumplen sanción en la cárcel por corrupción de menores, asociada al
abuso sexual infantil.
De acuerdo con el documento del Ministerio
de Justicia, en los casos de prostitución de niños, predomina el sexo femenino
y una edad promedio de 15 años, en tanto los infantes involucrados usualmente
actúan por iniciativa propia.
Precisa que los hechos de abuso sexual
contra este sector de la población mantuvieron niveles ínfimos el año pasado.
De un total de dos millones 260 mil 751 personas hasta 16 años de edad, se
registraron dos mil 117 denuncias, lo que responde a un 0,09 por ciento.
La titular de Justicia señaló en rueda de
prensa que la mayoría de los hechos enfrentados a partir de las actividades de
prostitución y proxenetismo en Cuba no son considerados como trata de personas,
en correspondencia con lo refrendado en los instrumentos internacionales
vigentes.
Es el caso del Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar este fenómeno, especialmente de mujeres y niños, de la
Convención contra el Crimen Trasnacional Organizado del año 2000 (Convención de
Palermo).
Reiteró que en la isla no es común el empleo
de la amenaza, la coacción u otras formas de intimidación para desarrollar
estos actos ilícitos, requisitos necesarios para que se tipifique la trata de
personas según establece el Protocolo.
Como rasgo particular, en la nación existe
un vínculo consensuado entre prostitutas y proxenetas para ejecutar la
actividad ilícita, motivados por el ánimo de lucro, indica el texto presentado
en esta capital.
Añade que en general esta práctica es
ejercida para satisfacer gustos, lujos, placeres y asegurar condiciones
materiales de vida superiores al resto de la población, mientras otras personas
ejercen la prostitución para conocer a un extranjero y casarse, como vía para
emigrar.
Reus afirmó que la nación caribeña difiere
de otros países, donde la explotación sexual está asociada a redes criminales
que los mantienen en condiciones de semiesclavitud, de las cuales muy pocas
víctimas consiguen escapar.
Según la Oficina de las Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito (Unodc), la trata de personas afecta prácticamente
a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino.
Informa que en 137 Estados se ha explotado a
víctimas de por lo menos 127 naciones. En lo que respecta a los destinos de las
corrientes de trata, Europa occidental y central registran la mayor variedad de
orígenes y recorridos.
En Europa, unas 140 mil mujeres se
encuentran atrapadas en una situación de violencia y degradación por motivos de
explotación sexual, y una de cada siete trabajadoras sexuales han sido
esclavizadas en la prostitución, puntualiza la página web de la Unodc.
De manera global -agrega-, una de cada cinco
víctimas son niños, aunque en las regiones y subregiones más pobres, como en
África y el Gran Mekong, conforman la mayoría de las personas traficadas.
Por su parte, las mujeres equivalen a dos
tercios de las víctimas de la trata de personas en el mundo.
Se trata de uno de los negocios ilícitos más
lucrativos en Europa, donde los grupos criminales obtienen unos beneficios de
tres mil millones de dólares al año y se abastece de la población mundial más
marginalizada, indica.
La Unodc señala que en materia legal se ha
progresado enormemente, pues un total de 134 países y territorios de todo el
mundo han penalizado este fenómeno estableciendo un delito específico, en
consonancia con lo dispuesto en el Protocolo.
En ese sentido, la ministra cubana
puntualizó que la isla ha suscrito y ratificado los principales instrumentos
internacionales sobre la materia, como la Convención de la ONU contra el Crimen
Organizado Transnacional.
La Fiscalía General, el Tribunal Supremo
Popular y el Ministerio de Justicia integran la Red Iberoamericana de
Cooperación Judicial Internacional para facilitar el intercambio de datos sobre
casos penales y civiles en trámite, y así viabilizar la cooperación entre los
países miembros, agregó.
Como parte de la cooperación con servicios
policiales extranjeros y la Interpol, el Ministerio del Interior brinda
seguimiento y control a las personas identificadas o que son objeto de búsqueda
internacional por pedofilia, proxenetismo u otros delitos sexuales, afirmó la
funcionaria cubana.
*La
autora es periodista de la Redacción Nacional de Prensa Latina
Tomado
del sitio digital de Prensa Latina
No hay comentarios:
Publicar un comentario