Por Salim
Lamrani*
La
actualización del modelo económico cubano suscita críticas y controversias.
Para unos, Cuba abandonaría la vía del socialismo. En realidad, lejos de
renunciar a su modelo de sociedad, la Isla preserva sus conquistas y
perfecciona su funcionamiento.
Desde 2011 Cuba procede a la “actualización
de su modelo económico”. El proyecto inicial, elaborado en noviembre de 2010,
se sometió a un amplio debate popular (8 millones de participantes) que duró
cerca de cinco meses hasta abril de 2011 y fue adoptado durante el VI Congreso
del Partido Comunista de Cuba.
Unos estiman que se trata de un regreso al
capitalismo, a causa de la introducción de algunos mecanismos de mercado en la
economía nacional. En realidad, el objetivo de los cubanos es perfeccionar su
sistema para preservar las conquistas sociales, únicas en América Latina y el
Tercer Mundo.
Para ello, deben superar dos retos mayores:
unos recursos naturales muy limitados y las sanciones que impone Estados Unidos
desde 1960, que constituyen el principal obstáculo al desarrollo nacional. A
ello conviene agregar las fallas propias del sistema, como la burocracia o la
corrupción.
El Presidente Raúl Castro fue claro al
respecto: “La batalla económica constituye hoy, más que nunca, la tarea
principal y el centro del trabajo ideológico de los cuadros, porque de ella
dependen la sostenibilidad y preservación de nuestro sistema social”.
El nuevo modelo económico introduce
mecanismos de mercado pero sigue basado en la “planificación socialista” a
todos los niveles, y “la empresa estatal socialista es la forma principal en la
economía nacional”.
No obstante, el país se abre a las
inversiones extranjeras –para atraer los capitales indispensables para el
desarrollo de la nación–, mediante empresas mixtas, en las cuales el Estado
cubano siempre dispone de una mayoría de al menos un 51%.
Este modelo de gestión económica actualizado
promueve también las cooperativas, las pequeñas propiedades agrícolas, los
usufructuarios y los trabajadores independientes en todos los sectores
productivos, con el fin de reducir el papel del Estado en los campos no
estratégicos.
El objetivo de estas reformas es conseguir
una mejor eficiencia en la gestión de las actividades económicas, con un
sistema de autonomía y descentralización que responsabiliza directamente a los
dirigentes de las empresas de los resultados. Los lazos entre estructuras
económicas se rigen ahora exclusivamente por contratos.
Las empresas estatales o las cooperativas
estructuralmente deficitarias y no viables serán liquidadas o podrán ser
transformadas y adoptar una forma jurídica no estatal. Del mismo modo, el
Estado no subvencionará las pérdidas.
En cambio, las empresas beneficiarias podrán
invertir las ganancias para desarrollarse, aumentar los salarios de los
trabajadores en los límites que establece la legislación, o contratar a nuevos
trabajadores. Disponen así de una libertad total en lo que se refiere a la
gestión de los recursos humanos.
El auge de las cooperativas ilustra la
voluntad cubana de profundizar el desarrollo socialista de la economía en todos
los sectores, con una propiedad colectiva. Disponen de una autonomía completa a
todos los niveles. No obstante, para evitar toda concentración de riqueza, no
pueden ser vendidas o entregadas a otras entidades que no sea el Estado.
A nivel agrícola, la prioridad nacional es
la producción de alimentos para reducir la dependencia del exterior en un país
que importa más del 80% de su consumo. Se entrega la tierra en usufructo a los
campesinos que se convierten en productores independientes, remunerados por su
propio trabajo, pero sigue siendo propiedad del Estado.
La nueva política monetaria permite otorgar
créditos a las empresas y a los ciudadanos con el objetivo de favorecer la
producción de bienes y servicios para la población.
Uno de los grandes desafíos de la sociedad
es la unificación monetaria. En efecto, la dualidad monetaria vigente en Cuba
es fuente de serias desigualdades. Para ello, se deben realizar importantes
esfuerzos en términos de productividad y de redistribución de la riqueza de
acuerdo con la ley de redistribución socialista “de cada cual según sus
capacidades, a cada cual según su trabajo”.
La política salarial se sigue basando en el
principio socialista “a cada cual según su trabajo”, con el objetivo de
satisfacer “las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias”. Los
salarios se incrementarán de modo gradual, en función de los resultados de
producción. Para evitar el desarrollo de las desigualdades, la legislación
prevé un salario mínimo y un salario máximo. Se favorece el sector no estatal
como alternativa adicional para el empleo.
La elaboración de una imposición tributaria
en Cuba tiene como meta permitir al Estado disponer de los recursos necesarios
para cumplir su papel social con la población.
Gracias al impuesto progresivo, las categorías
más acomodadas contribuyen más al esfuerzo nacional, según el principio de
solidaridad socialista entre todos los ciudadanos. La cohesión social sigue
siendo el objetivo prioritario. Así, para evitar todo crecimiento de las
desigualdades en la sociedad, la concentración de propiedad está prohibida para
las personas jurídicas o naturales, siendo una prerrogativa exclusiva del
Estado.
Por otra parte, la política de precios sigue
siendo centralizada, particularmente en los productos de interés general desde
un punto de vista económico y social.
A nivel de la política social, base del
socialismo, el objetivo prioritario no sólo es “continuar preservando las
conquistas de la Revolución, tales como el acceso a la atención médica, la
educación, la cultura, el deporte, la recreación, la tranquilidad ciudadana, la
seguridad social y la protección mediante la asistencia social a las personas
que lo necesiten”, sino también “dar continuidad al perfeccionamiento de la
educación, la salud, la cultura y el deporte”. El Estado garantizará “la
protección de la asistencia social [a] las personas que realmente la
necesitan”.
El Estado no abandona la cultura. La
política cultural se basa en la defensa de la identidad, la conservación del
patrimonio cultural, la creación artística y literaria y la capacidad para
apreciar el arte, mediante las formaciones necesarias. El Estado seguirá su
misión de “promover la lectura, enriquecer la vida cultural de la población y
potenciar el trabajo comunitario como vías para satisfacer las necesidades
espirituales y fortalecer los valores sociales”.
Así, el nuevo modelo económico cubano, basado
en la planificación, una política de precios centralizada, la prohibición de
concentración de riqueza, un salario mínimo y un salario máximo y la protección
de todas las categorías de la población, particularmente de las más vulnerables
(no hubo despidos masivos), es indudablemente socialista.
Pero se adapta a su época basándose en la
filosofía de José Martí, héroe nacional cubano, según el cual “el primer deber
del hombre es ser un hombre de su tiempo”. Tiene como objetivo alcanzar una
mayor eficiencia económica, luchar contra la burocracia y la corrupción
–principales obstáculos internos al desarrollo del país –, preservar las
conquistas sociales de la Revolución Cubana, reforzar la República Social y
mejorar el bienestar material y espiritual de TODOS los cubanos.
*Salim
Lamrani es Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad
Paris Sorbonne-Paris IV, profesor titular de la Universidad de La Reunión y
periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su
último libro se titula Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité, Paris,
Editions Estrella, 2013, con un prólogo de Eduardo Galeano.
Tomado
del sitio digital Visiones Alternativas con información de Argenpress
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